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JDA
Hace ya bastantes años denuncié que los cambios que se estaban produciendo en la organización de la Salud Mental Infantil en Andalucía producirían una injusticia asistencial de la que serían víctimas los que menos influencia social o medios económicos tuvieran. Aquello me costó el puesto de coordinador de la Unidad de Salud Mental Infantil, igual que decir que el responsable de aquella injusticia era un señor “amante del poder y otras cosas”, frase que se consideró una falta grave por parte del gerente del hospital, no así por el juez.
Hoy tampoco puedo permanecer callado, porque las injusticias se siguen cometiendo con absoluta impunidad. Podría contar casos y casos, pero por respeto a mi empresa, me limitaré a describir una situación de injusticia que se viene repitiendo, como he dicho anteriormente, con absoluta impunidad y con ciertos tintes racistas y/o clasistas. La situación que denuncio no es estructural, sino achacable a personas que no nombraré.
Como saben todos aquellos que utilizan los servicios de Salud Mental Infantil (SMIJ), ningún paciente puede acceder a las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil desde Atención Primaria, excepto los casos con trastornos alimentarios y trastornos generalizados, aunque esto sea una injusticia asistencial. Por supuesto tampoco pueden acceder desde cualquier otro dispositivo, si bien esto es una norma que se aplica para los que no tengan ningún poder o influencia. Si te buscas, como popularmente se dice “un enchufe”, el filtro no se utiliza, y esto también se llama injusticia social y asistencial.
La injusticia de hoy tiene nombre y apellidos, aunque como es lógico no se dirán. Si debo decir que a un paciente de raza gitana, y en un centro de acogida, con un posible cuadro depresivo que lo tiene totalmente abúlico en la cama, se le ha negado desde Atención Primaria la derivación a Salud Mental, indicándosele que continúe con la atención domiciliaria en el centro de acogida ya que disponen de psicólogo/a. Como se sabe los médicos de atención primaria tienen la productividad vinculada al número de derivaciones que realizan a consultas especializadas. Es la única razón que encuentro para “justificar” que un paciente en edad pediátrica no se derive a Salud Mental.
Ante una situación como la descrita, alguien que trabaja en salud se preocupa y llama a los diferentes servicios sanitarios de su provincia. Primero a Salud Mental Infanto-Juvenil en donde se le dice que está terminantemente prohibida la derivación desde Servicios Sociales; posteriormente a un Equipo de Salud Mental de Distrito (adultos) en donde tras varias gestiones, a modo de favor, se le da una cita.
Mientras tanto, el paciente sigue en la cama tragándose su depresión y sin derechos. ¡Qué hubiera sucedido si quien pide la cita es amigo/a de los jefes de cada uno de los equipos?, ¿qué hubiera sucedido si el favor lo hubiera pedido algún/a gerente, responsable político o delegado/a de salud de la provincia?.
Esto no es un caso aislado, sino el resultado del deterioro que se viene produciendo en algunos servicios de salud mental, transformados en pequeños cortijos . En unos años se ha pasado de cuidar la relación médico – paciente y la mejora asistencial progresiva, a la elaboración de unos planes de marketing que venden humo. Hemos creado un paraíso de ficción que nada tiene que ver con la realidad del día a día. Hoy lo que importa son unos indicadores que en nada traducen mejoras asistenciales y que sí valen como un instrumento más para enriquecer a los que se autoevalúan. Nunca jamás en mi larga trayectoria profesional he asistido a una farsa tan grande.
En definitiva, ser gitano, estar en un centro de acogida y ser un miserable sin influencia no es mérito suficiente para ser atendido en Salud Mental Infantil, es UN DERECHO.